DIARIO EL PAÍS
12 de enero de 2008
Extracto de artículo publicado por la periodista Marcela Moreti en el sitio web del Diario El País:
El Hipotecario gasta casi cinco millones de dólares al año en mantener 3.650 viviendas inutilizadas u ocupadas. Venta ilegal de llaves, deudas eternas y saqueos en plena reestructura.
Cualquiera sabe que por más que la Constitución de la República asegure algo expresamente, eso no significa que tal derecho se vaya a cumplir. El artículo 45 de la Constitución, por ejemplo, asegura que "todo habitante de la República tiene derecho a gozar de una vivienda decorosa". Para muchos que sueñan con una casa propia y no tienen manera de lograrlo, el deber constitucional es bastante parecido a una mera aspiración surrealista.
Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en todo el país hay más casas vacías que familias viviendo en asentamientos irregulares. Extraña paradoja: sobran casas vacías y también sobran interesados en ocuparlas. Sin embargo, la ecuación no cierra.
Y el Estado tiene responsabilidad en esa extraña situación, ya que más de 3.500 de las viviendas inutilizadas son del Banco Hipotecario del Uruguay (BHU). Ahí están: a veces por salir a remate, a veces en venta, a veces en un limbo jurídico y en muchos casos descuidadas, destrozadas y ocupadas.
Para mantenerlas, el Estado -a través del Hipotecario- dedica casi cinco millones de dólares anuales. Mientras tanto, los vecinos se quejan de gastos comunes incumplidos, saqueos y un deterioro al que el gobierno no parece prestarle ninguna atención.
Mientras, hay 195.772 uruguayos, el 6% de la población total, que viven en asentamientos irregulares según los datos del Relevamiento de Asentamientos 2005-2006, realizado por el INE y el Programa de Integración de Asentamientos Irregulares (PIAI). Representan 51.021 hogares.
En situación menos compleja, pero urgente a su manera, están los cientos de miles de uruguayos (parejas jóvenes, por ejemplo) que no logran acceder a una vivienda a pesar de tener ingresos interesantes o poder pagar un alquiler.
La combinación de esos datos y la cantidad de viviendas deshabitadas hacen tambalear cualquier política pública de vivienda. A 2004, el último dato disponible en el INE, había 240.239 casas vacías en todo el país, 57.545 sólo en Montevideo. Por eso las ventanas tapiadas que se ven en todos los barrios. Quitando de la cifra total una cuarta parte de viviendas de uso estacional (de veraneo, por ejemplo), el resto, unas 180.200, son casas inutilizadas.
El problema es grave. "En el último período intercensal, entre 1996 y 2004, de cada tres viviendas que se sumaron al stock, simultáneamente dos quedaron vacías", advirtió Julio César Villamide, reconocido operador inmobiliario y director de la revista Propiedades.
Es paradójico. Las casas tienen dueños que no las usan y los que las necesitan no siempre tienen ingresos para ser dueños.
La falta de créditos para las poblaciones de ingresos bajos y medios es una traba importante. El director Nacional de Vivienda, Gonzalo Altamirano, fue contundente. El Estado debería destinar unos 1.500 millones de dólares para prestar y subsidiar las viviendas a unas 70.000 familias que "solas no pueden acceder" a una propiedad, dijo en octubre en una sesión de la Junta Departamental de Montevideo.
El gobierno sabe que el problema de la vivienda es un hierro caliente. Por eso en su Plan Quinquenal de Vivienda para el período 2005-2009 habla de una "crisis estructural del sistema habitacional" y propone la reestructura del BHU, su principal herramienta para operar en el mercado, y la creación de la Agencia Nacional de Vivienda (ANV). (…)
(...) Igual se hicieron algunas cosas. La colocación de viviendas creció de 630 en 2005 a 700 en 2006 y 900 en 2007, según informó Morodo. "Creo que el directorio que cesó hace poco tuvo dentro de sus prioridades subsanar ese tema. Los remates de unidades se aceleraron y fue creciendo la cantidad de oferentes. Dos años atrás terminaban desiertos, con bases muy altas y desinterés por parte del público. El BHU fue siendo más sensato con las bases de lo pretendía a recuperar", opinó Julio César Villamide.
Al cierre de 2007 el banco tenía 3.650 viviendas vacías, o casi. En realidad cerca de 1.000 estaban ocupadas por intrusos que se metieron por la fuerza o compraron la llave de forma irregular, dijo Morodo.
El ex jerarca explicó que al asumir, a principios de 2005, había unas 3.000 unidades inútiles. "Nos costó precisar el dato. Recién a fines de 2005 llegamos a esa conclusión. Ahora sigue habiendo un número similar de viviendas vacías u ocupadas pero no porque todo estuvo quieto, sino por un proceso combinado de recuperación más acelerada y también más rápida colocación de viviendas".
Al menos se ganó una batalla contra la burocracia y ahora el banco sabe cuántos apartamentos vacíos tiene, lo que llevó meses de trabajo cruzando datos de varias fuentes distintas para unificar la información.
Pare de construir viviendas
EN 1996 había 67.292 viviendas desocupadas potencialmente utilizables. En 2004 esa cifra ascendió a 114.751, según datos del estudio "Déficit habitacional y capacidad de acceso a la vivienda en Uruguay", mayo 2006, de Casacuberta y Gendelman. Según el último dato, 63.674 casas están en alquiler, a la venta, en construcción o en reparación, contra 38.751 que estaban en las mismas condiciones en 1996.
Este estudio sugiere que la discusión de la política pública de vivienda debe considerar la canalización de las viviendas ya disponibles, además de la generación de instrumentos que ayude a resolver el descalce entre oferta y demanda, antes que la construcción de nuevas soluciones habitacionales.
Uno de los problemas será que Uruguay tendrá algunas dificultades para encarar el problema de las casas inutilizadas. Para empezar, no existe ninguna normativa específica sobre el tiempo máximo para tener una vivienda vacía, según destaca el artículo sobre derecho a la vivienda, incluido en el Informe sobre Derechos Humanos de Serpaj 2006: "Dentro de los justificativos para expropiar, no aparece la referencia a la desocupación de un inmueble, ni por el hecho de no cumplir una función social". El estudio menciona ejemplos de otros países que atacan la situación por tratarse de propiedades improductivas y sancionan con impuestos. En el país, sólo existe el impuesto al baldío.
12 de enero de 2008
Extracto de artículo publicado por la periodista Marcela Moreti en el sitio web del Diario El País:
El Hipotecario gasta casi cinco millones de dólares al año en mantener 3.650 viviendas inutilizadas u ocupadas. Venta ilegal de llaves, deudas eternas y saqueos en plena reestructura.
Cualquiera sabe que por más que la Constitución de la República asegure algo expresamente, eso no significa que tal derecho se vaya a cumplir. El artículo 45 de la Constitución, por ejemplo, asegura que "todo habitante de la República tiene derecho a gozar de una vivienda decorosa". Para muchos que sueñan con una casa propia y no tienen manera de lograrlo, el deber constitucional es bastante parecido a una mera aspiración surrealista.
Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en todo el país hay más casas vacías que familias viviendo en asentamientos irregulares. Extraña paradoja: sobran casas vacías y también sobran interesados en ocuparlas. Sin embargo, la ecuación no cierra.
Y el Estado tiene responsabilidad en esa extraña situación, ya que más de 3.500 de las viviendas inutilizadas son del Banco Hipotecario del Uruguay (BHU). Ahí están: a veces por salir a remate, a veces en venta, a veces en un limbo jurídico y en muchos casos descuidadas, destrozadas y ocupadas.
Para mantenerlas, el Estado -a través del Hipotecario- dedica casi cinco millones de dólares anuales. Mientras tanto, los vecinos se quejan de gastos comunes incumplidos, saqueos y un deterioro al que el gobierno no parece prestarle ninguna atención.
Mientras, hay 195.772 uruguayos, el 6% de la población total, que viven en asentamientos irregulares según los datos del Relevamiento de Asentamientos 2005-2006, realizado por el INE y el Programa de Integración de Asentamientos Irregulares (PIAI). Representan 51.021 hogares.
En situación menos compleja, pero urgente a su manera, están los cientos de miles de uruguayos (parejas jóvenes, por ejemplo) que no logran acceder a una vivienda a pesar de tener ingresos interesantes o poder pagar un alquiler.
La combinación de esos datos y la cantidad de viviendas deshabitadas hacen tambalear cualquier política pública de vivienda. A 2004, el último dato disponible en el INE, había 240.239 casas vacías en todo el país, 57.545 sólo en Montevideo. Por eso las ventanas tapiadas que se ven en todos los barrios. Quitando de la cifra total una cuarta parte de viviendas de uso estacional (de veraneo, por ejemplo), el resto, unas 180.200, son casas inutilizadas.
El problema es grave. "En el último período intercensal, entre 1996 y 2004, de cada tres viviendas que se sumaron al stock, simultáneamente dos quedaron vacías", advirtió Julio César Villamide, reconocido operador inmobiliario y director de la revista Propiedades.
Es paradójico. Las casas tienen dueños que no las usan y los que las necesitan no siempre tienen ingresos para ser dueños.
La falta de créditos para las poblaciones de ingresos bajos y medios es una traba importante. El director Nacional de Vivienda, Gonzalo Altamirano, fue contundente. El Estado debería destinar unos 1.500 millones de dólares para prestar y subsidiar las viviendas a unas 70.000 familias que "solas no pueden acceder" a una propiedad, dijo en octubre en una sesión de la Junta Departamental de Montevideo.
El gobierno sabe que el problema de la vivienda es un hierro caliente. Por eso en su Plan Quinquenal de Vivienda para el período 2005-2009 habla de una "crisis estructural del sistema habitacional" y propone la reestructura del BHU, su principal herramienta para operar en el mercado, y la creación de la Agencia Nacional de Vivienda (ANV). (…)
(...) Igual se hicieron algunas cosas. La colocación de viviendas creció de 630 en 2005 a 700 en 2006 y 900 en 2007, según informó Morodo. "Creo que el directorio que cesó hace poco tuvo dentro de sus prioridades subsanar ese tema. Los remates de unidades se aceleraron y fue creciendo la cantidad de oferentes. Dos años atrás terminaban desiertos, con bases muy altas y desinterés por parte del público. El BHU fue siendo más sensato con las bases de lo pretendía a recuperar", opinó Julio César Villamide.
Al cierre de 2007 el banco tenía 3.650 viviendas vacías, o casi. En realidad cerca de 1.000 estaban ocupadas por intrusos que se metieron por la fuerza o compraron la llave de forma irregular, dijo Morodo.
El ex jerarca explicó que al asumir, a principios de 2005, había unas 3.000 unidades inútiles. "Nos costó precisar el dato. Recién a fines de 2005 llegamos a esa conclusión. Ahora sigue habiendo un número similar de viviendas vacías u ocupadas pero no porque todo estuvo quieto, sino por un proceso combinado de recuperación más acelerada y también más rápida colocación de viviendas".
Al menos se ganó una batalla contra la burocracia y ahora el banco sabe cuántos apartamentos vacíos tiene, lo que llevó meses de trabajo cruzando datos de varias fuentes distintas para unificar la información.
Pare de construir viviendas
EN 1996 había 67.292 viviendas desocupadas potencialmente utilizables. En 2004 esa cifra ascendió a 114.751, según datos del estudio "Déficit habitacional y capacidad de acceso a la vivienda en Uruguay", mayo 2006, de Casacuberta y Gendelman. Según el último dato, 63.674 casas están en alquiler, a la venta, en construcción o en reparación, contra 38.751 que estaban en las mismas condiciones en 1996.
Este estudio sugiere que la discusión de la política pública de vivienda debe considerar la canalización de las viviendas ya disponibles, además de la generación de instrumentos que ayude a resolver el descalce entre oferta y demanda, antes que la construcción de nuevas soluciones habitacionales.
Uno de los problemas será que Uruguay tendrá algunas dificultades para encarar el problema de las casas inutilizadas. Para empezar, no existe ninguna normativa específica sobre el tiempo máximo para tener una vivienda vacía, según destaca el artículo sobre derecho a la vivienda, incluido en el Informe sobre Derechos Humanos de Serpaj 2006: "Dentro de los justificativos para expropiar, no aparece la referencia a la desocupación de un inmueble, ni por el hecho de no cumplir una función social". El estudio menciona ejemplos de otros países que atacan la situación por tratarse de propiedades improductivas y sancionan con impuestos. En el país, sólo existe el impuesto al baldío.
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